La Auditoría Municipal avaló el nuevo convenio con Cumelén: el country pagará 392 salarios mínimos por año
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La Auditoría Municipal de Villa La Angostura, a cargo de Roxana Diez, emitió un dictamen favorable sobre el nuevo convenio que el Departamento Ejecutivo negocia con el Country Club Cumelén por el uso de las calles de dominio público que atraviesan el barrio privado. El visto bueno llega en medio del análisis que actualmente lleva adelante el Concejo Deliberante, cuerpo al que el Ejecutivo elevó la propuesta el 31 de julio pasado.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes oficiales, la auditora solicitó una copia del convenio para examinarlo en profundidad y elaborar el dictamen correspondiente, fijando así la postura formal de la Auditoría frente a la iniciativa. El documento destaca, en sus conclusiones centrales, que el nuevo esquema representa una mejora sustancial respecto del acuerdo que rige desde 2001, ya que ese convenio original no preveía ningún tipo de pago del country hacia el municipio. El texto del dictamen señala textualmente: "La Auditoría reconoce expresamente el mérito de la iniciativa para Villa La Angostura", agregando que se pasa de un uso gratuito a un régimen oneroso, "con ingresos concretos para el Municipio".
Un aporte con destino específico y actualización automática
Uno de los puntos que la Auditoría resalta especialmente es que los fondos que ingresen por este concepto tendrán una afectación específica: se destinarán a obras de infraestructura y a equipamiento urbano, y no podrán volcarse a otro tipo de gasto municipal. A esto se suma otro aspecto que las fuentes oficiales remarcaron como central en la valoración positiva del organismo de control: la contraprestación que deberá pagar Cumelén contará con actualización automática, un mecanismo pensado para que el monto no pierda valor real con el paso del tiempo, algo que el convenio anterior no contemplaba.
El monto: 392 salarios mínimos por año
El convenio que impulsa el intendente Javier Murer establece que la Asociación Civil Country Club Cumelén deberá abonar, en concepto de aporte solidario anual, el equivalente a 392 salarios mínimos, vitales y móviles, a cambio del uso exclusivo de las calles de dominio municipal que integran el barrio privado —y de cualquier otra calle municipal que quede dentro de su ejido en el futuro—. El salario mínimo vital y móvil, fijado por el Consejo Nacional del Empleo, se ubica hoy en $376.600, lo que hoy representa un aporte anual cercano a los $147,6 millones, monto que además se irá ajustando cada vez que el Gobierno nacional actualice ese valor de referencia mediante la Resolución 9/2025. A diferencia de jubilaciones y otras prestaciones sociales, que se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor, el salario mínimo no tiene un mecanismo de ajuste automático por inflación, por lo que sus subas dependen de decisiones puntuales del Ejecutivo nacional.
El pago podrá realizarse en 12 cuotas mensuales, calculadas al valor del salario mínimo vigente en cada momento. Esto marca una diferencia de fondo con el convenio original, rubricado en 2001 y vigente hasta 2021, que no exigía ninguna erogación por parte del country.
Sin venta ni transferencia de dominio
Las fuentes oficiales remarcaron que la Auditoría fue clara en un punto sensible: el proyecto preserva el dominio público municipal de las calles en cuestión. No hay venta, transferencia ni desafectación del bien público, y el organismo de control avaló el encuadre jurídico elegido para otorgar el uso exclusivo y continuado a la entidad privada. El propio texto del convenio, según se detalla, aclara que "bajo ningún concepto el presente acuerdo significa transmisión, arrendamiento o gravamen de inmuebles del dominio público municipal ni altera su condición jurídica", y que tampoco limita el poder de policía de los organismos municipales, provinciales o nacionales dentro del predio.
Servicios a cargo del country y control de accesos
El acuerdo también redefine el reparto de responsabilidades puertas adentro del barrio privado. Cumelén "prestará, bajo su exclusiva responsabilidad", los servicios de vigilancia, mantenimiento y limpieza de las calles internas, la recolección de residuos de las viviendas existentes y la conservación de cercos y espacios verdes —tareas que habitualmente son de carácter municipal—. Además, la Asociación Civil tendrá la atribución de controlar el ingreso de personas, cargas y vehículos en todos los accesos existentes y en los que eventualmente se habiliten, e incluso podrá impedir el ingreso o egreso por puntos no habilitados, sin que ello implique que las autoridades municipales, provinciales o nacionales pierdan atribuciones dentro del club.
Veinte años de vigencia
El nuevo convenio propone una duración de 20 años a partir de la entrada en vigencia de la adenda, contra los 10 años (con renovación automática por otros 10) del acuerdo de 2001, que en los hechos estuvo vigente hasta 2021. La nueva redacción establece que, a su vencimiento, y de no mediar un incumplimiento esencial declarado por sentencia judicial firme, el convenio se prorrogará por un período igual —es decir, por otros 20 años— y por única vez.
La iniciativa continúa ahora bajo análisis de los concejales, quienes deberán definir si avanzan con la aprobación de la adenda tal como fue elevada por el Ejecutivo.
