Vecinos piden controles en el arroyo Calfuco y el cierre de una celda del Centro Ambiental
Tweet
La situación del Centro Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos vuelve a preocupar a la comunidad. Un grupo de vecinos presentó una nota ante el defensor del Pueblo, Dr. Sebastián Baltanas, respaldada por más de cien adhesiones. Le piden que intervenga ante la posible contaminación y el riesgo de incendio en el predio sobre la Ruta Nacional 40.
En paralelo, los vecinos sostienen una campaña para sumar firmas a una denuncia ambiental. Se apoya en informes técnicos, inspecciones y ordenanzas que, según ellos, muestran fallas en el sistema de tratamiento de líquidos y obligaciones que siguen sin cumplirse.
Los propios vecinos marcan un límite: no afirman que el lago esté contaminado ni tienen una medición actual que pruebe vuelcos al arroyo. Su planteo es que hay antecedentes de mal funcionamiento y que faltan controles recientes para saber cuál es la situación real. Sus inquietudes requieren evaluación técnica y no prueban por sí mismas contaminación ni peligro inminente.
Lo que piden
La presentación incluye cinco pedidos al Municipio y a la Provincia:
- Análisis independientes del agua de la pileta de lixiviados y del arroyo Calfuco, sobre todo en días de lluvia, en los mismos cinco puntos de muestreo que usó la Provincia en 2021.
- Un plan de monitoreo ambiental, según la Ley provincial 2648, e información sobre si existen pozos para controlar el agua subterránea.
- La clausura y remediación de la celda que ordenó la Ordenanza 3614/2019, con cronograma y financiamiento.
- Los informes semestrales pendientes: los vecinos calculan que serían unos trece desde diciembre de 2019.
- Que la Provincia retome la fiscalización dentro de sus competencias.
Los impulsores aclaran que no buscan una indemnización. Quieren que se cumpla la normativa y que estudios actualizados determinen el estado ambiental del lugar.
Más de 30 años de antecedentes
Los vecinos armaron la historia del predio con documentación municipal y provincial. En 1991, la Ordenanza 442/91 destinó tres lotes sobre la RN 40 a un basurero municipal, en forma experimental y sujeta a un estudio de impacto ambiental. Según la campaña, ese estudio no aparece y el predio sigue funcionando 35 años después.
El 2 de septiembre de 2013 empezó a funcionar el Centro Ambiental, financiado con el préstamo BID 1868/OC-AR. El proyecto tenía una celda impermeabilizada, una pileta para lixiviados y una planta de separación de residuos.
En 2018, el Municipio contrató un diagnóstico técnico por Decreto 2285/2018. El informe de septiembre de ese año detectó problemas en el sistema de lixiviados. La evaporación era casi nula y el volumen acumulado podía superar la capacidad disponible, con riesgo de que los líquidos llegaran al arroyo. También señaló cañerías inexistentes y aireadores que no funcionaban. Según ese trabajo, sobre la celda caían unos 13.000 m³ de lluvia por año, y la pileta solo podía almacenar 800 m³. El proyecto de adecuación se estimó entre 731.000 y 1.062.000 dólares. Los vecinos dicen que nunca se hizo. Citan además un análisis de laboratorio de octubre de 2018 (ensayo 10540) que midió 6.505 microgramos de plomo por litro en el líquido de la pileta.
En 2019, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 3614. La norma reconoció los problemas del sistema, ordenó clausurar, cerrar y remediar la celda y exigió informes semestrales del Ejecutivo. Los vecinos dicen no haber encontrado ni el acto de clausura ni esos informes. Mencionan también ordenanzas de 2023 a 2025 que volvieron a exigir la rendición.
El 30 de marzo de 2021, la Dirección Provincial de Fiscalización Hídrica inspeccionó el predio tras una denuncia vecinal. Encontró problemas de mantenimiento en la pileta, bombas de recirculación fuera de servicio y una celda sin cubrir con tierra. Tampoco quedó claro si había freatímetros para controlar el agua subterránea. Las muestras de la pileta registraron una DQO de 1.004 mg/l. La inspección no detectó afectación del arroyo ese día, pero el propio informe aclaró que esa conclusión valía solo para las condiciones de ese momento. Los vecinos remarcan que fue un día seco de otoño y que no hubo mediciones después.
Ese mismo año se elaboró un proyecto ejecutivo de cierre técnico del ex módulo DF. Incluía cubrir la celda, tratar los lixiviados, construir un muro impermeable cerca del arroyo e instalar seis pozos de monitoreo, por $72.999.555 a valores de 2021. Según la campaña, no hay constancia de que se haya aprobado, contratado o ejecutado.
Incendios y un predio pegado al Parque Nacional
El 28 de enero de 2024, un incendio dañó la cinta transportadora, los motores y la tolva de la planta de separación. El Decreto 469/2024 autorizó una contratación de hasta $50 millones por esos daños. Los vecinos dicen que la maquinaria no se repuso. En julio, el Decreto 1783/2024 habilitó un alambrado para la pileta de lixiviados por $1.700.000.
La campaña también cita un informe de 2021 que registró la quema de unas 750 toneladas mensuales de residuos forestales entre mayo y noviembre. Agrega un dato que considera central: el predio limita en tres de sus lados con el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Otro punto del reclamo es la falta de monitoreo en el Calfuco. Según los vecinos, la red oficial del lago Nahuel Huapi tiene 30 estaciones, 16 en la zona de Villa La Angostura, pero ninguna en ese arroyo. Mencionan además que los residuos no procesados se llevan a Alicurá, a $72.208 por tonelada según el Decreto 764/2026.
El diagnóstico ambiental de la Defensoría
La presentación llega cuando ya estaba en marcha un diagnóstico ambiental general de la localidad impulsado por la Defensoría del Pueblo. Según documentación a la que accedió La Angostura Digital, el 13 de febrero de 2026 el ingeniero Rodolfo Christian Herrero, asesor técnico de la Secretaría de Planeamiento, pidió a la arquitecta Andrea Aldea información técnica y cartográfica para ese informe. El pedido se hizo en el marco de la Ordenanza 4153/2024 y la Carta Orgánica.
El pedido incluía registros de denuncias e infracciones ambientales de los últimos cinco años, microbasurales, puntos críticos de efluentes, antecedentes de monitoreo de agua, áreas con historial de incendios, talleres, estaciones de servicio, depósitos de combustible y canteras. También pedía cartografía completa del ejido y datos de la red cloacal. Ese trabajo es un diagnóstico de toda la localidad, no una evaluación específica del predio de residuos.
Cómo adherir
La campaña reúne firmas en el sitio basural-vla.netlify.app. Pide nombre completo, DNI y domicilio a residentes de Villa La Angostura, sin costo ni trámite presencial. Adherir no convierte a nadie en firmante formal de la denuncia: expresa apoyo al reclamo. Los organizadores dicen que avisarán cuando presenten la documentación y que cualquiera puede pedir que retiren su nombre.
Por ahora no se informó qué hará la Defensoría con la presentación ni si habrá inspecciones o estudios del predio.
