La Cámara de Diputados aprobó en general y por mayoría la ley de acceso a la información pública. La iniciativa regula los mecanismos de acceso a la información pública para los tres poderes del Estado, los órganos de la administración central, descentralizada, empresas y sociedades del Estado, y los órganos enumerados en los títulos V y VI de la Constitución provincial, como el Consejo de la Magistratura, la fiscalía de Estado, la Contaduría General y Tesorería, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo provincial. Lo hizo esta madrugada en la 37º sesión ordinaria que presidió el vicegobernador Rolando Figueroa en forma alternada con la diputada Alma Sapag, vicepresidenta 1º de la Cámara. 

La Ley de Acceso a la Información estipula que podrá ser solicitada por escrito, correo electrónico o formulario electrónico y los organismos tendrán un plazo de 15 días hábiles para remitir la respuesta. En caso de incumplimiento del plazo previsto, la persona interesada podrá interponer acción de amparo. Previo a eso, debe requerir ante la autoridad correspondiente un pronunciamiento expreso por escrito con petición de pronto despacho y si en diez días hábiles no obtiene respuesta, podrá interponer el amparo. 

La norma determina que no podrá suministrarse información que afecte la intimidad de las personas ni bases de datos personales, como así tampoco la que haya sido obtenida confidencialmente de terceros o esté protegida por el secreto bancario. A la vez, queda excluida la información cuya publicidad pueda revelar alguna estrategia judicial, como así también aquella contenida en notas internas con recomendaciones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no forme parte de los expedientes y la referida a materias exceptuadas por leyes específicas. 

La diputada María Laura du Plessis (MPN) remarcó que se tomó como base el proyecto enviado por el gobernador Omar Gutiérrez y que el acceso a la información pública es la herramienta necesaria para desarrollar la libertad de expresión y de pensamiento. Resaltó que la información del Estado pertenece al ciudadano y señaló que el acceso debe garantizarse “con mecanismos regulados y con límites porque hay derechos que no se pueden vulnerar”. En ese sentido, enfatizó que la ley permitirá al ciudadano ejercer el derecho de acceso a la información “sin invocar siquiera un interés legítimo”. 

En tanto, la diputada Pamela Mucci (FPN-UNE) afirmó que la ley de acceso a la información pública “es una cuestión para celebrar” porque reglamenta un derecho que es reclamado por la sociedad civil y subrayó que se trata de una ley operativa por sí misma.  

Desde NE-FG, Raúl Podestá adelantó el voto negativo de su bloque y el del FpV al considerar que es una ley “muy pobre que no cambia nada” y criticó la forma en que se trató el tema en la comisión. Agregó que la norma no demuestra la voluntad del poder Ejecutivo de transparentar la acción pública y defendió un proyecto de su autoría presentado con anterioridad sobre acceso a la información con un planteo más integral. Su par del FIT, Patricia Jure consideró que la ley “es una impostura”.