La Justicia rechazó el reclamo de la exdirectora de Recursos Humanos y avaló las sanciones aplicadas por el Municipio
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El Juzgado de Zapala rechazó la medida cautelar impulsada por Rosa Orellana, exdirectora de Recursos Humanos —también denominada Capital Humano— de la Municipalidad de Villa la Angostura, según informó Diario Andino. La resolución, dictada por el juez subrogante José C. Pusterla, representa un respaldo a la postura sostenida por el Ejecutivo municipal en el marco del conflicto laboral que mantiene con la exfuncionaria desde comienzos de 2025.
Orellana había acudido a la Justicia para solicitar tres cosas en forma simultánea: la suspensión de las sanciones administrativas que le fueron aplicadas, su reincorporación a la estructura municipal y la restitución de los haberes que, según su planteo, le fueron descontados de forma irregular durante los primeros meses de 2026. El magistrado desestimó el pedido al considerar que, en esta etapa procesal preliminar, no quedó acreditada la verosimilitud del derecho invocado, requisito indispensable para que una cautelar prospere.
En su resolución, Pusterla señaló que el decreto que dispuso el traslado disciplinario de Orellana ya había sido ejecutado y que cualquier evaluación sobre su validez deberá realizarse al dictarse la sentencia definitiva. En cuanto al sumario administrativo abierto por presunto abandono de trabajo, el juez entendió que se trata de una facultad propia de la administración municipal para investigar la conducta de sus agentes, y que no existían razones suficientes para suspenderlo en esta instancia.
El fallo también tomó en consideración la postura del Municipio, que sostuvo que Orellana no se presentó a retomar sus funciones tras ser evaluada por una Junta Médica que determinó que estaba en condiciones de trabajar. Esa circunstancia derivó en la contabilización de ausencias consideradas injustificadas, el descuento de salarios y la apertura del sumario. Asimismo, el juez destacó que la agente fue notificada de las actuaciones, tuvo acceso al expediente y contó con la posibilidad de ejercer su defensa, por lo que no advirtió una vulneración manifiesta de sus derechos. Las costas del proceso fueron impuestas a la parte actora.
La causa continúa su trámite, y en la instancia definitiva se analizará en profundidad si los actos administrativos cuestionados por Orellana se ajustaron o no a derecho.
Antecedentes del caso
El conflicto tiene su origen en enero de 2025, cuando se produjo un episodio de violencia institucional en el Refugio de Mujeres de la localidad que involucró a una menor de edad y derivó en la renuncia de la entonces secretaria de Desarrollo Humano, Graciela Lobos. En el marco de la investigación interna que siguió al hecho, la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (JACAD) concluyó que Orellana, en su rol de directora de Capital Humano, había accedido sin autorización a material audiovisual confidencial relacionado con ese caso, protegido por normas de privacidad y resguardo de menores.
La funcionaria sostuvo que su intención era denunciar el hecho, pero el organismo entendió que su accionar no se ajustó a los protocolos vigentes. Aunque en un primer momento se evaluó la cesantía, la JACAD resolvió aplicarle un traslado disciplinario de seis meses a otra dependencia municipal. Meses más tarde, el Ejecutivo inició un nuevo sumario por presunto abandono de trabajo al considerar que Orellana no se reincorporó a sus tareas pese a la intimación correspondiente. Ese segundo sumario, junto con los descuentos salariales derivados, fue el detonante de la demanda judicial cuya cautelar acaba de ser rechazada.
