En el procedimiento realizado por personal de la Dirección de Tránsito, se constató que un vehículo circulaba trasladando pasajeros sin contar con la debida licencia municipal. Al momento del control, el rodado intentó darse a la fuga, lo que agravó la falta y configuró también la infracción prevista en la Ordenanza 4143/24 sobre obstrucción de controles municipales.
Tras el análisis de las constancias del expediente, se resolvio aplicar una sanción total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($1.655.000), conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Aclaraciones necesarias
Es importante destacar que las infracciones por transporte de pasajeros sin habilitación no son nuevas. Desde hace muchos años existen modalidades de traslado clandestino que han sido detectadas y sancionadas en esta localidad. Lo que resulta más reciente es la incorporación de aplicaciones digitales como Uber, que si bien llevan algunos años en uso, constituyen nuevas formas de una misma modalidad ilegal.
Se aclara ademas que las actas de infracción deben ser labradas en el momento en que un inspector constata la falta, lo que asegura transparencia, objetividad y sustento legal al procedimiento.
Fundamentos de la decisión:
La resolución dictada se apoya en que:
El transporte de pasajeros es una actividad de interés público y requiere habilitación previa otorgada por el Municipio, en resguardo de la seguridad vial y la protección de los usuarios.
La habilitación no es un trámite formal, sino el mecanismo de control que permite verificar que los vehículos tengan seguro, condiciones mecánicas adecuadas, higiene, y que los conductores cuenten con la licencia correspondiente.
Cuando se evade un control, no solo se vulnera la normativa, sino que además se obstaculiza el ejercicio del poder de policía, que la Constitución y la Carta Orgánica reconocen al Municipio para proteger a los consumidores y a la comunidad.
Se deja en claro que los controles no tienen como objetivo cortar fuentes de trabajo, sino proteger a los pasajeros y garantizar la legalidad de la actividad. La Constitución obliga a las autoridades a velar por los derechos de los consumidores y usuarios, y para ello deben cumplirse las condiciones de seguridad que la normativa exige.
El debate sobre las nuevas tecnologías y aplicaciones como Uber deberá darse en el marco de la ley. En todo caso, las leyes nacionales, provinciales y municipales tendrán que ir adecuándose a esos cambios. Mientras tanto, hoy la actividad carece de habilitación legal, no es controlable, y no garantiza al pasajero la cobertura mínima de seguridad exigida.