El intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, decidió vetar en su totalidad la ordenanza 4408/2026, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de agosto pasado, que establecía la exención del pago de patentes para vehículos eléctricos y alternativos. La norma alcanzaba a aquellos rodados que disminuyeran la contaminación ambiental y sonora y redujeran las emisiones de CO2, y preveía un período experimental de dos años para evaluar sus resultados.
La decisión se sustenta en un dictamen de la Asesoría Legal municipal, que fue elevado al Departamento Ejecutivo y que identificó una serie de falencias jurídicas y técnicas en el texto aprobado por los concejales. El documento concluyó que el veto total resultaba jurídicamente viable dentro del plazo de diez días hábiles previsto para que el Ejecutivo se expida sobre una norma recién sancionada.
El problema central: qué vehículos quedaban comprendidos
El principal reparo de la Asesoría Legal apunta a que la ordenanza no definía con precisión qué se entiende por "vehículos eléctricos y alternativos". El dictamen señala que el texto mencionaba de manera genérica a autos eléctricos, híbridos, a hidrógeno, a biocombustibles y a aire comprimido, entre otras tecnologías, sin establecer clases registrales, porcentajes de electrificación, pautas de homologación ni ningún criterio objetivo que permitiera identificar con exactitud qué unidades accederían al beneficio.
En ese sentido, el dictamen plantea que tampoco quedaba claro si las condiciones de reducir la contaminación, el ruido y las emisiones de CO2 debían cumplirse todas juntas o alcanzaba con una sola, contra qué parámetro de referencia debían medirse, ni qué organismo sería el encargado de certificarlo. Para la Asesoría Legal, esa imprecisión afecta el principio de legalidad tributaria, que exige que toda exención impositiva surja de una definición legislativa clara e inequívoca, y citó en ese sentido jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El dictamen aclara, de todos modos, que el Concejo Deliberante sí tiene competencia para otorgar este tipo de exenciones por ordenanza; el cuestionamiento no pasa por la potestad del cuerpo legislativo sino por cómo quedó redactado el beneficio.
Sin estudios previos ni cálculo del costo fiscal
Otro de los ejes del veto es la ausencia de estudios técnicos previos a la sanción de la norma. Según el dictamen, no se evaluó el efecto fiscal, técnico ni ambiental de la medida antes de su aprobación, y tampoco se estimó cuántos vehículos podrían acceder al beneficio ni cuánto representaría esa exención para las arcas municipales durante los dos años de vigencia experimental. Para la Asesoría Legal, faltaba además una línea de base y una serie de indicadores que permitieran, al cabo del período de prueba, medir si la política había cumplido su objetivo ambiental.
El dictamen también observa que no se contempló la matriz energética local ni el origen de la energía con la que se recargarían los vehículos eléctricos, un dato que consideran relevante para calcular el verdadero impacto ambiental del incentivo.
La posición de Murer
En los considerandos del decreto de veto, el intendente sostuvo que el Ejecutivo comparte "el objetivo general de promover una movilidad progresivamente más sustentable", pero remarcó que la ordenanza, tal como fue sancionada, "no define la categoría Vehículos Eléctricos y Alternativos ni identifica, mediante pautas objetivas, clases registrales o especificaciones técnicas, cuáles son los vehículos alcanzados por el beneficio".
Murer concluyó que las observaciones señaladas configuran, en sus palabras, "razones concurrentes de legalidad, técnica normativa, oportunidad, mérito y conveniencia suficientes para oponerse a la promulgación de la norma en su redacción actual".
Qué pasa ahora
Al tratarse de un veto total, la ordenanza vuelve al Concejo Deliberante, que tiene la posibilidad de insistir con su sanción original mediante una mayoría agravada de votos. Si el cuerpo no reúne esa mayoría, el veto del intendente queda confirmado y la exención de patentes para vehículos eléctricos y alternativos no entra en vigencia.
